México – Reformas Políticas en América Latina
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En vilo, la novena reforma electoral en México
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elecciones
La SCJN tiene pendiente determinar la validez de la segunda parte del “Plan B” de reforma electoral de AMLO.
sáb 06 agosto 2022 07:00 AM
La reforma electoral del presidente López Obrador se basa en reducir el gasto del sistema mediante modificaciones a 18 artículos constitucionales y siete transitorios.
(Diseño: Expansión)
Guadalupe Vallejo
A lo largo de 45 años, México ha tenido ocho grandes reformas electorales: las de 1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, la de 2007-2008 y la de 2014. La validez de la novena de estas reformas se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ya invalidó la primera parte del llamado “Plan B” presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta primera parte contemplaba reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ahora tiene pendiente determinar la validez de la segunda parte del “Plan B”, que incluye cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos y una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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Si la Corte da “luz verde” a estos cambios, será la primera vez en que una reforma electoral entra en vigor a meses del inicio del proceso electoral para renovar la presidencia de la República. Habitualmente, estas reformas son avaladas en los primeros tres años de gobierno y son probadas en las elecciones intermedias.
A una sola voz y desde diferentes foros, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como Movimiento Ciudadano (MC), han rechazado el “Plan B” y presentado diversos recursos ante la Corte.
Lee además:
El pasado 8 de mayo, el Pleno de la Corte invalidó por nueve votos contra dos, la primera parte de ese plan que, entre otras cosas, modificaba el concepto de propaganda gubernamental y establecía que solo podría considerarse como tal aquella adquirida con recursos etiquetados para tal fin.
El ministro Javer Láynez Potisek dio entrada a la controversia constitucional interpuesta por el INE contra la segunda parte del “Plan B” y determinó suspender su aplicación en tanto se resuelve el fondo del asunto.
El presidente López Obrador ha criticado ambas decisiones y ha advertido que su “Plan C” es ganar en 2024 las curules y escaños suficientes para lograr la aprobación de reformas sin la posibilidad de que la oposición las bloquee.
“…que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución”, indicó en la conferencia mañanera del pasado 9 de mayo.
Una de sus propuestas sería que los ministros fueran electos por el voto ciudadano: “Que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elija el pueblo”.
La nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha asegurado que respetará la decisión que tomó el Consejo General antes de su llegada, es decir, esperar la respuesta de la Corte a las impugnaciones presentadas.
“Pero si el tiempo en que se da la respuesta de la Corte es inoperante para el Instituto lo habremos de hacer saber y habremos de hacer los trámites correspondientes, porque lo que no podemos poder en tela de duda, es la celebración de las elecciones del 2024 con una estructura que garantice el funcionamiento de todos los procedimientos”, dijo el pasado 28 de abril.
Cronología de las reformas electorales
Las reformas de 1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, la de 2007-2008 y la de 2014. Según el INE, los principales objetivos de cada reforma han sido los siguientes:
1977
El Gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar su representación en los órganos legislativos.
1986
El Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral.
1989-1990
Como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), con el fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
1993
Mediante la reforma al COFIPE aprobada ese año, el poder Legislativo le otorgó al IFE (hoy INE) diversas atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña.
Además, el Congreso de la Unión también le otorgó la facultad de designar al secretario general y a los directores ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a propuesta del consejero presidente. Antes, el nombramiento de los directores ejecutivos era competencia del director general.
1994
La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de “consejeros ciudadanos”, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.
Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General.
En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma:
- Un presidente del Consejo General (secretario de Gobernación).
- Seis consejeros ciudadanos.
- Cuatro consejeros del poder Legislativo.
- Los representantes de los partidos políticos con registro.
Gracias a esta reforma, los consejeros ciudadanos contaron con la mayoría de votos en el Consejo General del IFE y con ello aumentó su influencia dentro de él, así como en los procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección. También se ampliaron las atribuciones de los órganos de dirección del IFE a nivel estatal y distrital.
1996
El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Cofipe, entre cuyos aspectos más importantes fueron:
- Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.
- Se eliminaron las figuras de director y de secretario general del IFE y se crearon la presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva, así como las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales.
2007-2008
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE, 53 atribuciones, entre ellas, fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, así como regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación.
Además, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, crear la Unidad de Fiscalización.
2014
Esta reforma publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el IFE en INE con el fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.
Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.
El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales.
Recomendamos:
Entre sus principales funciones está el organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones y garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.
También, fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita; es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.
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Why does Mexico need electoral reform / As I see it / Nezavisimaya gazeta
Tags: mexico, internal politics, president, obrador, electoral reform, constitution, amendments
Photo REUTERS
In Mexico, in recent months, there has been an aggravation of the internal political situation. The rise in tension is connected with the electoral reform carried out by President Andres Manuel López Obrador. Its meaning comes down to lowering the status of the main body responsible for the preparation and implementation of elections – the National Electoral Institute (NII).
The Institute enjoyed broad rights and had administrative independence. Through it went the financing of election campaigns. This ensured the transparency of the elections, blocked the attempts of the authorities to put pressure on voters and promote their proteges bypassing the established procedures.
Now the president intends to limit the control and supervisory functions of research institutes and reduce the staff of its employees. Lopez Obrador substantiates his position by the fact that the maintenance of research institutes is too expensive for the state budget. In February, the Mexican Congress, controlled by the ruling Movement of National Revival (DNV), approved the president’s initiative. The opposition said it would seek to overturn the decision through the Supreme Court.
The actions of Lopez Obrador suggest sad thoughts. It is doubtful that he is driven only by concern for the state treasury. Clearly, another, much larger goal is being pursued. It is political in nature, the defeat of the research institutes is only the first step towards its achievement. In practice, electoral reform means that bodies directly subordinate to the executive branch will really control the course of electoral processes. The exhausted research institute will turn into a simple appendage of the party and government machine headed by the DNV.
This will allow López Obrador to promote his protege to the presidential palace in 2024, to ensure the majority of the DNV in Congress. A one-party system will be established in the country, similar to the one that existed in 1929–2000. Lopez Obrador will formally retire in 2024. But, as the leader of the ruling DNV, he will have a considerable influence on the political life of Mexico. (This suggests an analogy with the era of the late 1920s – the first half of the 1930s, when Plutarco Calles, after his presidency, remained the de facto leader of the state.)
The second step will certainly be to amend the country’s Constitution. They will touch upon the provisions on the term of office of the President. Now the Basic Law prohibits holding this post for more than one term (the ban on re-election was one of the main political slogans of the Mexican Revolution of 1910–1917). Lopez Obrador himself claims that he will leave big politics. But the sincerity of his statements is not believed.
It is quite possible that towards the end of his successor’s mandate there will be a staging already worked out in another country: a certain Mexican celebrity will appeal on behalf of the “broad masses” with a request to make fateful amendments to the Constitution and allow López Obrador to return to power. If this “project” is implemented, then a new constitutional reform will inevitably follow – the incumbent president will have the right to be re-elected an unlimited number of times. Real rivals will be eliminated – first in an administrative manner, and then with the help of fabricated criminal cases.
The Bonapartist aspirations of the Mexican leader are evidenced by his alliance with the military. In his campaign speeches, López Obrador advocated returning the army to the barracks (since 2006 it has been used to fight drug trafficking). After taking office, he changed his views – the army continues to perform police functions. This is beneficial for the generals: the military department receives considerable financial allocations from the state budget for the fight against crime.
For financial reasons, the National Guard was subordinated to the military. It was created as a civilian paramilitary structure and was supposed to replace the army in the law enforcement sphere. But this would deprive the generals of financial flows.
At the suggestion of Lopez Obrador, the military is actively involved in the implementation of profitable economic projects: the construction of a new international airport and the construction of a 1.5 thousand km railway. By decision of the president, all income from the commercial operation of these facilities will go to the budget of the Ministry of Defense. In addition, ports and customs have been placed under the jurisdiction of the military authorities. Revenues from customs fees will also go to finance the armed forces. Thus, a system has been created and is operating in which representatives of the military-bureaucratic elite “feed” in senior positions in civilian institutions. It is designed to provide a link between the ruling group led by Lopez Obrador and army circles.
The loyalty of the army will be required when Lopez Obrador decides to drastically change the Basic Law.
Another important sign of authoritarian encroachments is the confrontational rhetoric of Lopez Obrador, his sharp attacks on opponents and manifestations of intolerance to a different point of view. A course has been taken to divide society into “us” and “them”. A campaign has been launched to discredit the Supreme Court (SC), which casts doubt on the legitimacy of reformist undertakings. (The confrontation between the government and the military will determine the political life of Mexico in the near future.)
If a second Daniel Ortega appears in Latin America, this will have serious consequences at the regional level, given the economic weight and political influence of Mexico. The experience of Nicaragua shows that it is much easier to establish an authoritarian regime than to return to the path of democratic development.
Why Mexican Energy Reform Matters
Allowing Foreign Investors to Explore Oil and Gas Will Help Ensure North America’s Energy Independence
In the next decade, Mexico is set to become Latin America’s economic star.
The recent energy sector reform will help reduce production costs and improve the country’s economic fundamentals. In the context of the North American Free Trade Area (NAFTA), increased manufacturing competitiveness promises to significantly boost Mexico’s growth.
Before the government agreed to reform, Mexico’s energy sector was completely state-owned. The most important component of this sector, the Pemex oil company, owned all of Mexico’s oil and gas reserves and had complete control over exploration, production and retail. The production and distribution of electricity was also entirely in the hands of the government.
Pemex’s limited access to technical know-how meant that the company could not fully develop and exploit the country’s vast oil and gas resources.
Mexico has substantial oil reserves that require deep water drilling technology that the company does not have.
There are also old non-performing wells that can be restarted with modern methods. Finally, there are potential gas and oil fields that can be accessed using hydraulic fracturing and horizontal drilling.
Before the reform, energy reserves were considered as a national asset that could only be developed by the hands of Pemex. Because the constitution forbids any direct or indirect foreign ownership, there was no way to incentivize foreign firms to share their technology. Realizing the potential benefit eventually allowed President Enrique Peña Nieto to mobilize a majority in the Mexican Congress, lift constitutional restrictions, and pass a law that would bring foreign energy companies into the country.
The opening up of the energy sector completes the debate on economic integration that has been going on since the formation of NAFTA in 1994. This agreement transformed Mexico from a very closed economy with only a few industrial exports to an economy that is closely tied to the US.
The expansion of Mexican oil and gas production will consolidate these ties and contribute to North American energy independence.
Mexican exports of manufactured goods have increased tenfold since the start of the NAFTA free trade area, and approximately 80% of exports now go to the US. Many multinational American companies have located their factories in Mexico, moving part of the overall production process there.
The production relationship between the US and Mexico is such that about 40% of the value added in Mexican exports to the US is actually of American origin.
New energy reforms will allow Mexico to benefit from cheaper gas from Canada. The price of gas in the US and Canada is about half the current price in Mexico (and less than half the price in Europe and Asia). Cheap gas will stimulate the Mexican petrochemical industry and reduce the industry’s electricity costs by as much as 20%, by some estimates.
The privatization of Pemex and the national electricity company would allow professional managers to replace bureaucrats and end union control over the management of state-owned companies.
Even before the energy sector reforms, Mexico had a long history of prudent macroeconomic policies. As a result, the country has benefited from low inflation, a small budget deficit and a manageable current account deficit. And, although Mexico has a floating exchange rate regime, the value of the peso against the dollar remains stable.
Of course, Mexico still has many important problems to solve.
For example, primary and secondary education is in need of improvement, which is opposed by teachers’ unions, and the level of crime, mostly drug-related, does not allow for the personal safety of citizens.