El narcotrafico en honduras: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico y armas de fuego, extraditado a los Estados Unidos desde Honduras

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico y armas de fuego, extraditado a los Estados Unidos desde Honduras | ESPANOL

Juan Orlando Hernández, alias JOH, de 53 años, expresidente de Honduras, tendrá su comparecencia inicial mañana, 22 de abril, ante el juez de primera instancia Stewart D. Aaron en un tribunal federal en Nueva York luego de ser extraditado hoy desde Honduras. Un tribunal federal reveló hoy los cargos de tráfico de drogas y armas en una acusación enmendada contra Hernández.

La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.

“El Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y nuestro país de los delitos violentos,” señaló el fiscal general Merrick B. Garland. “El Departamento está comprometido a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de drogas que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar.”

“Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos,” expresó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams. “Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas. Felicito a los fiscales de carrera del Distrito Sur de Nueva York por sus incansables esfuerzos para desarticular todo el ecosistema del tráfico de drogas ilícitas, desde traficantes callejeros hasta un exlíder mundial, y todo lo demás.”

“La extradición de hoy muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción,” sentenció la administradora de la DEA, Anne Milgram. “La investigación de varios años de la DEA reveló que Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras, fue una figura central en una de las mayores y más violentas conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo. Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político y, una vez elegido Presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico. Este caso debería enviar un mensaje, a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. ”

Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado (Hernández Alvarado), alias Tony Hernández, contra la investigación, el arresto y la extradición; hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras; y permitió la violencia brutal.

Como congresista, luego Presidente del Congreso Nacional de Honduras y finalmente Presidente de Honduras durante dos mandatos, Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada.

Desde por lo menos 2004, las organizaciones de tráfico de drogas en Honduras han trabajado para recibir toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Estas organizaciones luego transportaron la cocaína hacia el oeste en Honduras hacia su frontera con Guatemala y, finalmente, al norte hacia los Estados Unidos. Durante este tiempo, los miembros de esta conspiración transportaron más de 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras y hacia los Estados Unidos. Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasaran con seguridad por Honduras, las mayores organizaciones de tráfico de drogas de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido Hernández. A cambio, estos traficantes pagaron millones de dólares en sobornos a Hernández y otros funcionarios públicos.

Según se alega, como congresista y luego Presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera (Guzmán Loera), alias El Chapo, entre otros individuos. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en Presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera. Hernández envió a Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán Loera. A cambio, Hernández prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras.

Como se alega, aproximadamente en 2013 y 2014, Hernández se asoció con el traficante hondureño de cocaína a gran escala y violento, Geovanny Fuentes Ramírez. Durante múltiples reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, Fuentes Ramírez sobornó a Hernández para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico. Hernández informó a Fuentes Ramírez, en parte, que Hernández quería que Fuentes Ramírez se asociara con Hernández Alvarado, quien estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras, y que Hernández iba a “meter la droga en las narices de los gringos. ”

Además de Guzmán Loera y Fuentes Ramírez, otros narcotraficantes prolíficos en Honduras y Guatemala pagaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección y la colaboración de Hernández en su narcotráfico. Hernández usó estos sobornos estimulados por la cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como Presidente en 2013 y 2017. En relación con las elecciones de 2013 y 2017, Hernández ordenó a los miembros de esta conspiración que sobornaran a políticos y funcionarios electorales con ganancias de las drogas para garantizar que Hernández ganara la presidencia.

En 2018, Hernández Alvarado fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado tras el juicio el 18 de octubre de 2019. Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, Hernández continuó coordinando de cerca con traficantes a gran escala, incluido Fuentes Ramírez, quien continuó pagando sobornos a Hernández por protección. Además, durante el juicio de Hernández Alvarado, se introdujeron como prueba libros de contabilidad de drogas pertenecientes a otro exnarcotraficante hondureño y cómplice, mencionado en la acusación formal como “CC-2”. Estos libros de contabilidad contenían, entre otras cosas, anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y “JOH”, las iniciales de Hernández, junto con los asientos correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y Hernández Alvarado.

Aproximadamente una semana después de la condena de Hernández Alvarado, presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC-2 en una prisión de Honduras para evitar la posible cooperación de CC-2 contra, entre otros, Hernández.

El 27 de enero de 2022, Hernández fue imputado en la acusación sdustitutiva y se emitió una orden de arresto en su contra.

El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a petición de los Estados Unidos. Posteriormente, los Estados Unidos presentaron una solicitud formal de extradición, que fue concedida por el juez de primera instancia de Honduras. Hernández apeló la decisión de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras. El 28 de marzo, el Tribunal Supremo de Honduras rechazó su apelación. El 6 de abril, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Honduras determinó que la apelación final de Hernández era inadmisible. El 13 de abril, el gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril.

Hernández está imputado de tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.

La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una valiosa asistencia para asegurar el arresto y la extradición de Hernández.

Este enjuiciamiento es parte de una operación de las Fuerzas de Tarea contra la Delincuencia Organizada y los Delitos Asociados al Narcotráfico (OCDETF, por sus siglas en inglés). Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.

Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow del Distrito Sur de Nueva York procesan el caso.

Los cargos en la acusación enmendada son simplemente acusaciones, y se presume inocente al acusado hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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Desmontar el “narco-Estado”, el desafío de Honduras

Tegucigalpa (AFP) – El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández será extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas y su exjefe de policía sigue sus pasos en este país calificado por la justicia estadounidense de “narco-Estado”. ¿Podrá el nuevo gobierno hondureño librarse de este estigma?

Primera modificación: 28/03/2022 – 22:24Última modificación: 28/03/2022 – 22:22

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Un juez ya dio luz verde para que el exmandatario (2014-2022) pueda ser juzgado en Estados Unidos por traficar a ese país unas 500 toneladas de cocaína, como parte de un cartel también integrado por el exdirector de la policía Juan Carlos “El Trigre” Bonilla, que Washington también pide en extradición.

En Nueva York, Antonio “Tony” Hernández, exdiputado y hermano del exmandatario, cumple cadena perpetua desde hace un año por el mismo delito.

Expertos sospechan que la madeja de lazos entre el narco y el aparato estatal es densa y se preguntan: ¿hasta dónde llega el hilo?

El nuevo gobierno de la izquierdista Xiomara Castro promete desenredarlo.

Ahora “toca continuar desmontando cada uno de los grupos en el sistema financiero, armado, operativo” vinculados al narcotráfico, dijo a la AFP Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso y estrecho colaborador de Castro.

La presidenta prometió una lucha “frontal” contra el narcotráfico desde que asumió su cargo el 27 de febrero.

¿Por qué “narco-Estado?”

El sacerdote Ismael Moreno, jefe de la Compañía de Jesús en Honduras, presente en zonas oprimidas del país en donde opera el narcotráfico, cree que en este país los narcos han infiltrado las más altas esferas del poder, incluso más que en Colombia o México.

Str AFP/Archivos

“A lo largo de 18 años, los políticos liderados por el Partido Nacional (al que pertenece Hernández, ndlr) lograron que la institucionalidad del Estado, llámese Casa Presidencial, Congreso Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia respondiera a los requerimientos de la narcoactividad y que estas instituciones se pusieran al servicio de la narcoactividad”, sostiene.

“El ‘Chapo’ Guzmán logró controlar a funcionarios sobornándolos. Pablo Escobar, además de sobornar fue miembro del Congreso en Colombia, pero temporalmente porque lo identificaron y lo acusaron. Juan Orlando Hernández llegó a ser presidente y creo que es el capo de más alto nivel en América Latina”, considera el jesuita.

En base a la acusación de la justicia estadounidense, Mike Vigil, exagente de la DEA, dijo a la AFP que JOH -en Honduras se conoce al expresidente por sus iniciales- y su hermano Tony eran parte de “una conspiración muy amplia” que involucraba a integrantes de la justicia hondureña, a policías, militares y “también políticos, empresarios”.

Efecto dominó

Para Vigil, tras la caída de JOH, al nuevo gobierno le toca la ardua tarea de desmantelar los lazos del poder con el narco.

Orlando SIERRA AFP/Archivos

“Es como una situación de dominó, donde se están arrestando personas y ellos siguen dando declaraciones. No va a parar con Juan Orlando Hernández, van a venir más acusaciones formales y más solicitudes de extradición”, anticipó el exagente.

“Va a tocarle a la secretaría de Seguridad, al gobierno, seguir investigando, a la fiscalía y por eso estamos impulsando un nuevo procedimiento de cómo elegir los nuevos funcionarios, un nuevo fiscal, los nuevos magistrados. También se va a requerir mucha cooperación con Estados Unidos”, sostuvo por su parte el diputado Tomé.

Para JOH, todas las acusaciones en su contra son producto “de una venganza”. Según el exmandatario, todos los capos que su gobierno ayudó a extraditar lo acusan en represalia para disminuir sus penas en tribunales estadounidenses.

Comisión anticorrupción

Moreno considera esencial la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que será apoyada por la ONU y ya fue anunciada por Castro.

Orlando SIERRA AFP

“Para que tengamos una nueva institucionalidad necesitamos de instancias internacionales que nos apoyen”, como la CICIH, afirmó.

Vigil, el exagente de la DEA, cree que Washington tiene esperanzas ahora que Castro asumió el poder y nombró en el ministerio de Seguridad a Ramón Sabillón, un exjefe policial que el gobierno de JOH despidió presuntamente por desarticular una banda de narcotraficantes sin avisarle.

Estados Unidos puede dar recursos y entrenamiento e inteligencia a Honduras para esa batalla, dice.

Antes “no se podía pasar mucha inteligencia a las fuerzas de seguridad porque Juan Orlando y su hermano ‘Tony’ vendían esa información. También el exjefe de la policía. Era muy difícil pasar información porque eso podía dañar informantes, dañar operativos, investigaciones y luego también a los propios agentes de la DEA”.

Con los tres tras las rejas, Honduras da señales de cambio.

90,000 COVID-19 causes rise in deaths from opiate overdoses 90,001 90,002 Very poor prescription control of narcotic opioid analgesics caused the US crisis. It is reported by CNN with reference to the US Centers for Disease Prevention and Control. According to the agency, between May 2020 and April 2021, the number of deaths from drug overdoses increased by 30% compared to the period from March 2019to April 2020 and is twice as high as five years earlier. This number of deaths from misuse of drugs, writes CNN, is closely related to the coronavirus pandemic. From the start of the pandemic in March 2020 to April 2021, COVID-19 has claimed the lives of 509,000 Americans.

The most dangerous were drugs containing a synthetic opioid used as a pain reliever. It is 50 to 100 times more potent than morphine, and 64,000 people died from its use in the United States during this period. As the US Drug Enforcement Administration (DEA) reported on November 17, the drugs confiscated by the US authorities since the beginning of the year are enough to kill the entire population of the country. The agency described the drug situation as a “growing national crisis.” The situation is complicated by the widespread sale of counterfeit pills through social networks. Thus, we are talking about death from overdoses of both legal drugs and similar illegal drugs.

Raw materials for the production of illegal drugs are smuggled into the US or Mexico from China and then smuggled across the border by drug cartels. After the Chinese authorities tightened control over the circulation of such drugs in 2018, India became another source for the United States. The Joe Biden administration has pledged to take action and allocate $4 billion to fight the “opioid epidemic” as part of the country’s recovery package from the coronavirus pandemic.

The cause of the crisis in the United States was a very low level of control over the prescription of narcotic opioid analgesics, explained to Vedomosti the deputy director for science of the National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology. V. M. Bekhterev of the Ministry of Health Yevgeny Krupitsky. By the time the control was tightened, such analgesics were already widely used among Americans.

Pharmaceutical companies in the US can lobby for approval of drugs that cause addiction in patients, says Pavel Koshkin, a researcher at the Institute for the US and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences. There was a case where an opioid drug was taken after only two weeks of trials, which is a direct result of lobbying by pharmaceutical companies, the expert adds. According to him, the so-called opioid epidemic in the United States is a chronic complex problem that the pandemic has exacerbated. The Biden administration’s indecisiveness is explained by the ratings trap – drastic measures, such as extending drug trials, are needed to deal with the problem. This will lead to a loss of support both among the population and among companies whose interests are represented by some congressmen, Koshkin summarizes.

A significant problem for the United States, adds Koshkin, exacerbating the opioid epidemic, is drug trafficking from Honduras, Haiti and Venezuela, as well as the lack of sufficient educational activities after the legalization of soft drugs. As a result, people who were accustomed to consuming opioid analgesics switched to illicit drugs, resulting in an increase in the number of overdoses, Krupitsky explained.

Unlike America, there is no crisis of opioid analgesics in Russia, moreover, opium addiction has been declining in recent years, says Krupitsky. On the other hand, the consumption of so-called smoking mixtures containing narcotic substances is growing. According to him, in connection with the pandemic, there has not yet been a dramatic increase in the consumption of drugs and alcohol. But the exact picture can be seen after the collection of relevant statistics, he noted.

The trend tracked by narcologists is an increase in the number of more severe conditions in patients, Krupitsky points out. In particular, comorbid conditions are common, when several diagnoses are combined in one person at once: opium addiction and neurological disorders, opium addiction and mental disorders. He associates such a worsening of conditions with covid: during infection, the organs and systems of the body are affected, in addition to this, psychoactive substances are also exposed.

On November 16, the Ministry of Internal Affairs published on the portal of regulatory legal acts a draft government decree, according to which it is proposed to add 22 new precursors to the list of banned substances, including two substances used to manufacture fentanyl narcotic drugs. The explanatory note says that domestically during the pandemic, the production of narcotic drugs and psychotropic substances increased through the use of “designer precursors” – compounds that have a similar chemical structure to precursors already banned in Russia. According to Krupitsky, “designer drugs” appear all the time and will not disappear anywhere, this issue requires constant monitoring and prompt inclusion in the lists of prohibited substances.

In Russia, alcohol consumption increased during the lockdowns, says Krupitsky. From the beginning of the pandemic to November 2021, the consumption of alcoholic beverages in Russia has not grown that much – by 5%, director of the Center for Research on Federal and Regional Alcohol Markets Vadim Drobiz retorts. He found it difficult to give absolute figures, pointing out the existence of both a legal and a gray market, which cannot be accurately assessed. Basically, the demand grew for strong alcohol and beer.

According to Drobiz, strong alcohol drinkers (about 50 million adults) have been drinking about 15% more since the beginning of the pandemic. Often people used such drinks as an antidepressant. In addition, the middle class drank a fairly large amount of alcoholic beverages outside of Russia, on vacation. Since the end of March 2020, all these people have settled inside the country, Drobiz said: “They did not drink less – even more, because of the pandemic, the crisis, the remote position.” According to Rosstat, in 2019In Russia, there were 32.3 deaths from alcohol per 100,000 people, and in 2020 – 34.4 per 100,000.

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